Cuando la ley oprime al ciudadano: hoy Valtònyc, mañana puedes ser tú

Valtònyc es un rapero catalán perseguido por la Audiencia Nacional por supuesto enaltecimiento al terrorismo y calumnias e injurias al Rey en sus canciones, por estos enjuiciamientos el Tribunal Supremo ratificó su condena a tres años y medio de cárcel. Algunas de las frases que incluye en su obra y que le han supuesto esta condena son: “Que explote un bus del PP con nitroglicerina cargada”, “Jorge Campos merece una bomba de destrucción nuclear”, “Un pistoletazo en la frente de tu jefe está justificado o siempre queda esperar a que le secuestre algún GRAPO” o “Cuando digo Gora ETA delante de un guardia civil, por eso te encierran y no por ser un hijo de puta como Urdangarin”. Actualmente el rapero se encuentra en Bélgica, desde su huida el pasado 24 de mayo, en busca de un país donde se pueda acoger a una democracia más transparente. Tal y como señala el diario El Periódico: “El rapero confía en que el juez rechace su extradición a España, tal y como ha ocurrido con los políticos catalanes exiliados en diferentes países europeos”.

En los últimos años han sido muchos los artistas censurados en España bajo la dirección del Gobierno del Partido Popular. Estos son solo algunas de las obras y artistas censurados: ‘Presos políticos en la España contemporánea’, de Santiago Sierra; el libro ‘Fariña’, del periodista Nacho Carretero; el rapero Valtònyc, por numerosas canciones y Pablo Hasél, también por sus letras de rap. A esto habría que añadir algunos tuiteros que han pasado por procesos similares de censura y condenas que atentan contra la libertad de expresión, como, por ejemplo, Cassandra Vera o Facu Díaz.

Valtònyc encuentra el apoyo en los compañeros de su gremio. Por ejemplo, en el grupo de artistas que firmó un comunicado de apoyo alertando de una “intención intimidatoria por parte de las instituciones del Estado”. Por otra parte, la asociación Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) hablaba de “algo parecido a la Inquisición” en pleno siglo XXI.

Lo cierto es que esto no es nada nuevo, hace años ya censuraban a grupos como Soziedad Alkoholika, Fermín Muguruza, Su Ta Gar, Berri Txarrak, Boikot, Lendakaris Muertos y un largo etcétera. La censura en el caso de estos grupos, se limitaba a prohibir conciertos –probablemente porque todavía no existía la Ley Mordaza–, todos o casi todos en ciudades y municipios donde el Partido Popular gobernaba. Es difícil que sea casualidad que la mayoría de artistas que son censurados tengan unas ideologías concretas y similares. El Gobierno del Partido Popular –y otros– siempre han tenido miedo a que se difundan ideas que pueden hacer que la gente cuestione su la legitimidad de Gobierno, así como la legitimidad de la corona. Esto impulsa las movilizaciones ciudadanas, y eso es algo que no interesa al poder. Recordemos que el Partido Popular ha sido recientemente calificado como “organización criminal” tras la sentencia de la trama Gürtel. Este título está definido así por el Código Penal, y debería estar ilegalizado. Pero de momento, parece que es poco probable que nada de esto cambie.

 

La persecución ideológica selectiva en España: un problema de raíz

Estamos ante una persecución, no solo a Valtònyc, sino a una gran cantidad de artistas que tienen una gran influencia en los jóvenes, que difunden pensamientos y opiniones de una ideología concreta. Es decir, estamos ante una persecución ideológica a la izquierda que cuestiona la legitimidad de poder establecida sobre la corona y sobre la forma de hacer Gobierno de los últimos años. España no goza de una plena libertad de expresión. Y el problema viene de raíz, ya que España es un país en el que gran parte de sus dirigentes no condenan las acciones fascistas, entre otras cosas, porque ellos lo son. Solo hay que fijarse en la larga lista de fundaciones fascistas que gozan de total libertad a día de hoy, tales como: Fundación Nacional Francisco Franco, Fundación José Antonio Primo de Rivera, Fundación Yagüe, Fundación Pro-Infancia Queipo de Llano, Fundación Blas Piñar y algunas más. Calles, plazas y monumentos en honor a franquistas y militares del régimen dictatorial. Jueces exmilitantes de la Falange, como el juez Nicolás Poveda, que condenó a Pablo Hasél y que fue nombrado juez de cuarto turno sin pasar por las oposiciones al cargo. Y así un largo etcétera de “amigos” del sistema del Gobierno español.

Hay que remarcar que la ambigüedad que recoge la ley en estos casos está hecha a conciencia, para poder condenar a unos y dejar en libertad a otros. La sentencia: “los derechos humanos no pueden existir si no hay libertad de expresión, de prensa, de información, de reunión” deja las cosas muy claras. En democracia es vital la pluralidad de ideas, sino estaremos ante –suene mal o no– un régimen dictatorial camuflado.

Un aspecto que supone un antes y un después en la libertad de expresión en España es la Ley Mordaza, de la cual emanan gran cantidad de la privatización de derechos al ciudadano de los últimos años. De esta ley pasaremos a hablar en profundidad en los siguientes párrafos.

A continuación, pasaremos a demostrar que en España no hay una clara libertad de expresión y cómo la presencia de la justicia europea está suponiendo un atisbo de luz y la única salida para que todos estos imputados puedan defender sus derechos.

 

Motivos de una España antidemocrática

Antes de nada, para definir el marco contextual donde han sucedido estos hechos, es de especial importancia nombrar la Ley Mordaza o Ley Orgánica de Protección y Seguridad Ciudadana. La cual supone la raíz de todos estos problemas de libertad de expresión de los últimos años. En los próximos párrafos nos centraremos en ella para poder analizar qué ha supuesto la aprobación de esta ley que – a título de eufemismo– comprende un antes y un después en la libertad de expresión en España, la cual evidencia el mayor recorte de derechos y libertades en España desde el franquismo.

El artista Pedro Alba se cose la boca contra la Ley Mordaza

Esta ley fue aprobada el 26 de marzo de 2015 con los únicos votos a favor del PP en mayoría y el rechazo unánime de toda la oposición tras cinco meses de debate. Es importante aclarar que esta ley surgió unos años después del movimiento 15 M. Con todo, solo en los seis primeros meses se impusieron 40.000 sanciones a los ciudadanos por protestar contra las acciones del Gobierno.

Un informe publicado por AI el jueves 29 de junio de 2017 mostraba que “actualmente es más complicado salir a la calle a protestar y reclamar derechos” y que “sus efectos están siendo negativos para el ejercicio de los derechos de reunión pacífica, expresión e información”

Amnistía Internacional ha criticado el pasado año 2017 esta Ley de la siguiente manera: “ha conseguido amordazar a mucha más gente de la que ha multado en sus dos primeros años de vigencia”. Además, un informe publicado por AI el jueves 29 de junio de 2017 mostraba que “actualmente es más complicado salir a la calle a protestar y reclamar derechos” y que “sus efectos están siendo negativos para el ejercicio de los derechos de reunión pacífica, expresión e información”. En dicho documento se desglosan las 197.947 sanciones impuestas por el Ministerio del Interior en sus 24 meses de vigencia, a fecha del 29 de junio de 2017. Unas 34.000 están relacionadas con los derechos de reunión, información y expresión; otras 12.000 se originan en actos de desobediencia no delictiva a miembros de las fuerzas de seguridad o negativas a identificarse –en gran parte realizados en manifestaciones y concentraciones–, y más de 19.500 provienen de supuestas “faltas de respeto o de consideración” a agentes.

En definitiva, todo un atropello que incluye no solo los recortes en libertad de expresión en la calle e internet. Sino también la práctica ilegítima que supone las “devoluciones en caliente” de inmigrantes, que afecta sobre todo a los que provienen del norte de África.

“Desde el cese de la violencia de ETA en 2011 hasta abril de 2018 se produjeran 121 sentencias por apología de ETA. Cuatro veces más que en los siete años previos a 2011. Desde que el PP cambió el Código Penal en 2015 para endurecer el castigo a la apología en Internet las condenas pasaron de 20 a 40”.

Vamos a detenernos ahora en el enjuiciamiento de “enaltecimiento al terrorismo” que en este caso ha caído en contra del rapero Valtònyc. Resulta curioso que desde el cese de la violencia de ETA en 2011 hasta abril de 2018 se produjeran 121 sentencias por apología de ETA. Cuatro veces más que en los siete años previos a 2011. Desde que el PP cambió el Código Penal en 2015 para endurecer el castigo a la apología en Internet las condenas pasaron de 20 a 40.

A continuación, exponemos un par de gráficas de eldiario.es que hablan por sí solas:

Pasemos ahora a comentar el enjuiciamiento por “injurias a la Corona”. Un claro ejemplo que demuestra el abuso de poder de la Audiencia Nacional es la sentencia que hizo pública el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el recurso de dos jóvenes catalanes que quemaron una foto de los reyes en 2007. En esta sentencia el TEDH de Estrasburgo condenaba a España a indemnizar con un total de 14.400€ por violar la libertad de expresión de dos jóvenes catalanes que quemaron fotos del rey. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos alegaba además que la pena de cárcel por un delito realizado en el marco de un debate político “constituye una injerencia en la libertad de expresión que no guarda proporción con el objetivo legítimo perseguido o necesario en una sociedad democrática”. Por casos similares pasó Arnaldo Otegi por llamar “jede de torturadores” al rey Juan Carlos. Caso que Estrasburgo consideró como vulneración de la libertad de expresión. Esta situación es clara, y evidencia el uso indebido que se hace sobre este tipo de leyes.

“El asesino de Aitor Zabaleta –seguidor de la Real Sociedad asesinado de una puñalada en el corazón en 1998 en Madrid–, el ultraderechista Ricardo Guerra, fue condenado a 17 años de prisión. Una condena irrisoria si la comparamos con la que tuvieron los violadores de ‘La Manada’, por ejemplo”.

Por otro lado, hay pruebas evidentes que demuestran que en varias ocasiones han resultado impunes actos ultraderechistas y agresiones neonazis a ciudadanos –sean o no de izquierdas–. Es el caso ocurrido el pasado 2017 en el 9’ d’Octubre, día nacional del País Valencià. Hubo decenas de agresiones por parte de los ultras –Yomus– del Valencia CF y la Policía Nacional y solo investigaron a 13 personas, de al menos 150. Entre los contramanifestantes se encontraban: Jesús Hernández Motes, presidente de “Interagrupación Fallas”; o conocidos militantes de España 2000 y del GAV –Grupo de Acción Valencianistas, tal y como señala el diario Público. Otro caso fuera del contexto de la Ley Mordaza que resultó impune para los acusados es la Operación Pánzer, en la cual el Supremo absolvió a los neonazis al declarar ilegales las escuchas telefónicas. Por otra parte, el asesino de Aitor Zabaleta –seguidor de la Real Sociedad asesinado de una puñalada en el corazón en 1998 en Madrid–, el ultraderechista Ricardo Guerrafue condenado a 17 años de prisión. Una condena irrisoria si la comparamos con la que tuvieron los violadores de ‘La Manada’, por ejemplo. Es muy importante recordar que en estos últimos casos estamos hablando de agresiones físicas, sexuales, incluso de asesinato, no de palabras rapeadas en forma de expresión artística.

 

Futuro incierto para la libertad de expresión y la democracia

Estamos en un país en el que ciertas personas con gran poder son muy afines a la ultraderecha: jueces, gobernantes, empresarios, etc. Todo esto hace que haya una enorme presión sobre las personas de ideologías de izquierdas que no se callan, esas personas indómitas que buscan compartir y difundir sus opiniones e ideas a la ciudadanía para llamar a la movilización. Movilización que aterra a los gobernantes y a la monarquía. En el caso de los artistas que hemos nombrado aquí: Valtònyc, Pablo Hasél, Nacho Carretero, Santiago Sierra y un largo etcétera, podríamos decir que están muy implicados en remover las mentes de la ciudadanía para buscar movimientos sociales como los del 15 M que tanto bien hicieron a este país. Pero no se puede enmarcar esto como una lucha armada o como terrorismo y es precisamente lo que están haciendo. Esta es la vara de medir que están usando contra estos artistas: la que les apetece, cuando les apetece. Utilizando leyes abusivas y sentencias que son dignas de asesinos.

Por lo tanto, debe prevalecer el derecho a la libertad de expresión. Se han perdido muchos derechos en los últimos años que el ciudadano de a pie ansía recuperar. Está claro que ahora mismo es difícil encontrar una libertad de expresión transparente y abierta en España. Es por eso que tanta gente imputada intenta huir a Europa para poder ser tratados como ciudadanos y no como gente peligrosa que cuestiona el poder.  No hay que olvidar que en los grandes cambios y movimientos, siempre hubo personas que cuestionaron la legitimidad del poder. Y es que solo de esta forma, hemos conseguido a día de hoy hacer un mundo más libre.

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